El reto demográfico es ya una realidad que pone en cuestión la distribución de recursos, la provisión de servicios o la organización de los cuidados. Cada vez es más frecuente oír en los medios de comunicación discursos que auguran un supuesto conflicto entre generaciones, evidenciando el gran desafío que supone en términos de cohesión social. Pero se habla muy poco de su impacto en la desigualdad entre hombres y mujeres. Pensar el reto demográfico sin perspectiva de género no sólo impide comprender adecuadamente el fenómeno, sino que puede conducir a soluciones que profundicen en esa desigualdad.
Para empezar, debemos entender bien cuáles son los orígenes de este desafío. En el País Vasco se está produciendo una transformación demográfica impulsada por tres grandes tendencias: descenso de la natalidad, aumento de la longevidad y un saldo migratorio positivo. Esta dinámica está cambiando los pesos de distintos grupos poblacionales. Es decir, la estructura de la población vasca cambia. Y lo hace en dos grandes direcciones: crece la proporción de gente de origen extranjero y envejece la población, aumentando la proporción de personas mayores, pero también la edad media de las personas en edad de trabajar.
En el caso del envejecimiento, la literatura apunta a que impacta de forma negativa en la economía, afectando a la actividad empresarial, el capital humano o la innovación (Aiyar et al., 2016; Anghel et al., 2023; Liang et al., 2018), a la vez que incrementa la necesidad de políticas de cuidado y bienestar (Conde-Ruiz & Galasso, 2023). Entonces el reto es mayúsculo: asegurar el bienestar inclusivo en una sociedad más frágil, y hacerlo con una economía menos dinámica.
En esta tesitura toma una gran importancia la cuestión de las relaciones intergeneracionales. En la literatura encontramos el estudio de esta cuestión bajo la etiqueta de solidaridad intergeneracional, entendida como “cohesión social entre generaciones” (Bengtson & Oyama, 2010; Bengtson & Roberts, 1991). En realidad, cualquier sociedad debe gestionar el hecho de que existan generaciones más dependientes que otras por motivos fisiológicos, aunque la forma que tome esta gestión puede variar dependiendo de factores culturales e institucionales. En nuestro caso, una parte de esa solidaridad toma una dimensión pública, con instituciones que garantizan recursos y servicios a esas generaciones “dependientes”; y otra privada, con la familia como núcleo fundamental. Bien, en este punto es fundamental entender que el modelo se concreta en una sociedad en la que existen diferencias estructurales entre hombres y mujeres, las cuales se manifiestan también en esos dos niveles.
En el ámbito familiar esa solidaridad entre generaciones recae en mayor medida en las mujeres, que dedican más tiempo al cuidado tanto de hijos e hijas como de otros familiares, reflejándose después en que el 87% de las excedencias para el cuidado de menores y el 72% para el cuidado de otros familiares se conceden a mujeres (Emakunde, 2024). Además, en el grupo de mayores de 50 años las mujeres realizan y reciben más visitas intergeneracionales que los hombres, pero también se encuentran más solas al tener más esperanza de vida (López López et al., 2015). Esta mayor longevidad, junto a las diferencias en la vida laboral, explica la existencia de una brecha de género en las pensiones (Emakunde, 2020).
Fuera de la familia, las mujeres muestran una mayor solidaridad intergeneracional que los hombres en el ámbito comunitario. Por ejemplo, dando un mayor apoyo a las personas mayores que no son parientes (Jiménez-Roger & Sánchez, 2023), pero también de forma profesional, en tanto que tres de cada cuatro trabajadoras del Tercer Sector del País Vasco son mujeres (Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, 2025).
Y, a un nivel aún más agregado, podemos ver cómo esos patrones de solidaridad intergeneracional marcados por el género se siguen expresando. Por una parte, los recursos y servicios de cuidado provistos por el sector público están feminizados, siendo la administración pública, educación y sanidad los sectores con mayor presencia de mujeres (Aranguren et al., 2024). Según datos de Eustat, vemos que del total de personas empleadas en los servicios sociales de la CAV el 69% son mujeres, porcentaje que aumenta considerablemente para el caso concreto del personal de servicio (80%), y aún más en personal de limpieza (90%) y personal sanitario y técnico (88%). Esto tiene efectos en el ámbito laboral: el 75% de las personas trabajadoras que no regulan sus condiciones de trabajo por convenio laboral son mujeres (LAB, 2021).
Todo ello tiene su reflejo también en los valores y opiniones respecto a la solidaridad intergeneracional y el papel del Estado, existiendo una diferencia de género en las preferencias para un mayor gasto público, siendo mayores en el caso de las mujeres (Kohli, 2006). Este mayor apoyo también se da en relación a las políticas de bienestar para las personas mayores y a las pensiones públicas (Riekhoff, 2021).
En definitiva, existe una demanda creciente de cuidados y la solidaridad intergeneracional se muestra como un pilar central para hacerle frente. Sin embargo, esta solidaridad no es neutra, ya que se apoya en desigualdades de género que atraviesan tanto el ámbito familiar como el institucional. Afrontar el reto demográfico desde una perspectiva de bienestar inclusivo implica reconocer estas asimetrías y repensar el reparto de responsabilidades, recursos y cuidados entre hombres y mujeres, pero también con respecto a otras dimensiones como el origen o la clase social. Porque el reto demográfico no va sólo de readaptarnos a una nueva estructura poblacional, sino de repensar por completo qué modelo de bienestar queremos construir en las próximas décadas.
Josep Soler
Josep es investigador predoctoral en Orkestra. Es graduado en Economía por la Universitat de les Illes Balears y máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.
