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Hay dos factores que condicionan básicamente el margen que tiene una región para hacer frente a una crisis: el grado en que es asimétrica y el grado de competencias de la región para desarrollar políticas. Si la crisis es asimétrica, resulta lógico pensar que en cada lugar deberán adoptarse medidas diferentes y que, por lo tanto, hay más margen para las políticas locales. Igualmente, en los países descentralizados, los gobiernos locales y regionales disponen de más competencias y tienen más que decir en las políticas que se ponen en marcha.

Hablamos de crisis asimétricas si los factores que generan la crisis y los efectos o impactos de ella derivados son sustancialmente diferentes de unos lugares a otros. Detrás de la actual crisis, a diferencia de anteriores crisis socioeconómicas, encontramos un factor externo: el coronavirus. Aunque ese virus apareció en un país (China), luego ese virus se extendió por todo el mundo y, a medida que lo hacía, la asimetría inicia fue desapareciendo. En las crisis simétricas, dado que deben aplicarse medidas semejantes en todos los lugares, lo más eficaz es coordinar las políticas de todos. Así, en esta crisis lo más lógico sería coordinar las políticas a nivel global. O al menos, en las principales áreas geoeconómicas (Unión Europea, Norteamérica…). Sea como sea, las crisis no son nunca totalmente simétricas y la coordinación puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Veámoslo con un poco más de detalle.

La expansión de la COVID varía en cada lugar dependiendo de la conexión hacia el exterior, de la densidad de población, de la tasa de envejecimiento y demás. E igualmente el impacto socioeconómico de la crisis, tal como dice Aranguren depende de la especialización sectorial (Turismo), tamaño de empresa (pymes), rasgos del mercado de trabajo (temporalidad) y demás. Dicho eso, en la presente crisis los elementos simétricos parecen más poderosos que los asimétricos.

Para hacer frente a la presente crisis hay que distinguir entre, por un lado, las medidas para frenar la expansión del coronavirus y tratar a las personas por él contagiadas; y, por otro lado, las medidas para responder a los efectos socioeconómicos derivados de lo anterior. En este post nos ocuparemos de estos segundos exclusivamente. Y en esa labor, nos ocuparemos de tres grandes políticas que se emplean para ello: la política monetaria, la política presupuestaria (y a ella ligada, las medidas de avales y créditos) y la de regulación.

La política monetaria en vigor en la CAPV y España se decide en Bruselas, y en su determinación las instituciones vascas no tienen ninguna capacidad de incidir. En general, los instrumentos tradicionales de la política monetaria están agotados (tipos de interés = 0), pero los no tradicionales pueden ser importantes para comprar la deuda o neutralizar los ataques contra las primas de riesgo de los países más afectados por la crisis (Italia y España, por ejemplo).

En la UE no hay una política presupuestaria que merezca tal nombre, ya que el gasto del presupuesto comunitario es del 1% del PIB de la UE. La política presupuestaria ha permanecido en manos de los Estados, fundamentalmente. Pero en España no se han aprovechado los seis últimos años de recuperación económica para sanear suficientemente las cuentas públicas (todavía el déficit público es del 2.5% del PIB y la deuda pública ronda el 100%), y eso limita seriamente el margen de actuación de la política presupuestaria del Gobierno Central.

En las Comunidades Autónomas hay poco margen para la política presupuestaria, dado que las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, así como la imposición, son competencias exclusivas del Gobierno Central, y además las comunidades no han aprovechado los años de bonanza para sanear plenamente sus cuentas públicas. Pero en la CAPV (y Navarra) la situación es un poco diferente: además de ser competentes en materia impositiva, las instituciones vascas han aprovechado los últimos cinco años para sanear sus cuentas públicas, que ahora no presentan déficit y que tienen un nivel de deuda pública acorde con lo fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por último, la competencia de regulación es bastante limitada en la CAPV, en particular en algunas áreas clave para esta crisis (por ejemplo, regulación del mercado de trabajo), que son competencia exclusiva del Gobierno Central.

En resumen, en esta crisis hay poco margen para la política regional. Ese margen es algo mayor en la CAPV que en las otras comunidades autónomas (incluida Cataluña). Hasta ahora, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han reaccionado bastante rápidamente y en la dirección apropiada ante la crisis, adoptando, además de medidas sanitarias, diversas ayudas (impositivas, créditos y avales, ayudas de emergencia social) para los distintos grupos y colectivos más afectados. Pero las medidas de mayor impacto se están tomando en instancias superiores. Como se ha señalado, siendo los shocks de la presente crisis en gran medida simétricos, resulta lógico plantear la coordinación de las políticas que se apliquen. El problema surge porque en Madrid parece creerse que la única vía de coordinación es la jerarquía y el “mando único” se entiende como modo de gobernanza unidireccional (totalmente top-down). Aunque en la actual crisis los shocks son básicamente simétricos, para el bien de todos sería preferible adaptar las medidas a las peculiares circunstancias de cada lugar y emplear modos de gobernanza más participativos, porque en crisis como estas si vamos todos juntos la salida será más sólida.


mikel navarro

Mikel Navarro

Es catedrático de Economía de la Deusto Business School, de la Universidad de Deusto, e investigador senior de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.