Las reflexiones que se presentan en este post se fundamentan en el estudio realizado para la Cámara de Comercio de Barcelona: “Empresa i FP: Efectes de 10 anys de crisi (2008-2018) i lliçons per a la propera”, en el que se explotan los datos de la encuesta qBID que realiza el Consejo de Cámaras de Catalunya.

Apenas estábamos intentando salir de la crisis del 2008 cuando nos llega una nueva crisis, diferente en su naturaleza pero también con importantes efectos en la sociedad, tal y como se señala en el análisis sobre los impactos socioeconómicos de la COVID-19 en el País Vasco realizado por Orkestra. Los efectos de esta crisis serán diversos y algunos de ellos desconocidos y totalmente novedosos y, dado el origen distinto de las otras crisis pasadas, su recuperación también puede ser distinta.

En cualquier caso, hay una coincidencia general en asegurar que el impacto de esta crisis sobre el empleo será muy significativo, llegando a incrementos de la tasa de paro de una celeridad inaudita y, aunque se pueda prever una recuperación de la economía para el año 2021, no necesariamente irá acompañada por una recuperación del empleo hasta la situación previa a la llegada de la COVID-19, sino que se producirá una recuperación asimétrica en función del impacto sectorial de la crisis y de las características de los empleos.

Sabemos que una característica común que tienen las crisis es que aceleran los procesos de cambio. La crisis que en estos mismos momentos se está empezando a vivir parece que no será diferente, más bien puede producir cambios extremadamente importantes.

Los cambios producidos por la automatización y la Inteligencia Artificial ligados a la presencia casi absoluta de las TIC en todos los procesos de trabajo así como los cambios en la organización de las empresas, reclaman la preparación de un trabajador capaz de interactuar con procesos automatizados que abarcan no sólo las tareas previsibles y repetitivas sino que se adentran en zonas de mayor valor añadido.

Las TIC han hecho que el concepto de puesto de trabajo cambie y la determinación de la jornada laboral, el trabajo a tiempo parcial o la presencia física del trabajador en la empresa también. Lo que ahora se ve reforzado en la nueva situación. El teletrabajo, que se citaba antes de la crisis de la COVID-19 como una tendencia, tal y como lo mencionaba el investigador de Orkestra Juan Gamboa en un post de esta serie, ha tomado de repente un protagonismo mucho mayor, con posibilidades de consolidación en determinados sectores. Todo ello son elementos que irán apareciendo con más fuerza como componentes normales de los itinerarios de inserción laboral de nuestros jóvenes.

En este sentido, hemos visto que uno de los efectos que ha tenido la salida de la crisis del 2008 ha sido el incremento exponencial de la tecnología en el trabajo, siendo conscientes de que esta tendencia debe seguir si el país pretende tener una cierta presencia en el contexto europeo. Esto ha provocado un incremento de demanda de personas formadas en TIC y la introducción del conocimiento de estas tecnologías de forma generalizada.

El Informe de Competitividad 2019 de Orkestra subrayaba que el sistema de formación de competencias es una pieza necesaria y clave para la competitividad y bienestar de un territorio entre otros porque puede producir un aumento de la cualificación y de las competencias de las personas, que puede revertir en el bienestar de la sociedad. En el estudio realizado para la Cámara de Comercio también se constata esta idea, ya que se ha podido ver que los efectos sobre el empleo de la crisis del 2008 muestran un papel importante de la Formación Profesional en el incremento de la empleabilidad y nos conducen a afirmar que los estudios de FP inicial son una buena vía para acceder al mercado de trabajo, es decir, los datos nos han indicado claramente que los ciudadanos con formación profesional pudieron afrontar la crisis del 2008 y su progresiva salida con más éxito que los ciudadanos no formados.

De la misma manera se constata que, durante la crisis de 2008, los ciudadanos con abandono escolar prematuro (es decir, aquellos que tienen como certificación máxima los estudios obligatorios) fueron los que más sufrieron la pérdida de su puesto de trabajo y ello les llevó a la situación de los llamados Ninis (ni estudian ni trabajan), las condiciones de trabajo en las que se encontraban eran más frágiles y, por ello, fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis.

Se observó también que el abandono escolar prematuro durante la crisis del 2008 bajó de manera importante siguiendo la tendencia inversa del paro, a más paro menos abandono. Éste es un fenómeno que podemos observar en aquellos países en los que el mercado de trabajo ofrece abundantes plazas de baja cualificación (puestos de trabajo de bajo valor añadido en conocimiento), en estas condiciones se produce un fuerte efecto llamada que atrae a un gran número de jóvenes los cuales prefieren obtener unos ingresos inmediatos, aunque sea abandonando sus estudios en curso, que esperar a la obtención de un título. En estas circunstancias está claro que el coste de oportunidad de proseguir los estudios es más alto cuando la necesidad de cualificación para incorporarse al mercado de trabajo es más baja o inexistente y, por ello, el abandono escolar más intenso.

Con la crisis de la COVID-19 ha empezado a suceder lo mismo, pero de una manera más acelerada ya que el crecimiento del paro ha sido más brusco que durante la anterior crisis y no deja mucho margen de tiempo para prever las decisiones que deban tomarse. Este hecho es relevante debido a que, como hemos comentado anteriormente, aunque la recuperación de la economía se prevea a corto plazo no parece que sea así en la recuperación del empleo.

Con un incremento muy alto del paro debemos suponer que bajará el abandono escolar prematuro y, por tanto, habrá más demanda de puestos de formación, lo que representa una gran oportunidad para formar y reciclar a la población con baja cualificación.

Durante la crisis del 2008 pudimos observar que las ofertas de formación permanente pivotaron sobre la red de Formación Profesional, la población adulta buscó en la FP la manera de recualificar su preparación. Es previsible que con la crisis COVID-19 la presión sobre la oferta de FP se incremente y habrá que preparar esta oferta con nuevas fórmulas para la recualificación.

Tal como se ha visto en la crisis del 2008, con la crisis de la COVID-19 se van a ver reforzadas dos tendencias: la innovación tecnológica y la incorporación de nuevos procesos y formas organizativas que permitirán prescindir o reconvertir una parte del personal una vez se haya consolidado la recuperación.

Por ejemplo, el sector industrial ha aprovechado la crisis de 2008 para reestructurar su composición. La aportación al PIB del sector ha aumentado desde antes de la crisis mientras que el número de trabajadores ha disminuido, lo que representa que se ha sustituido mano de obra por tecnología y trabajadores poco cualificados por trabajadores más cualificados.

La consolidación de esta tendencia refuerza la importancia de que esta nueva situación pide unas competencias diferentes de las que clásicamente se han ofrecido desde el sistema educativo y un dominio de las TIC que, más allá de la organización del trabajo, se están convirtiendo en una de las competencias básicas de cualquier profesión.

En este contexto el incremento de las desigualdades puede ser importantísimo y capas cada vez más amplias de población se encontrarán excluidas de la dinámica social y marginadas de los procesos de bienestar. La principal solución a esta situación es hacer más accesible la formación a las personas que corren el riesgo de ser excluidas. En la nueva situación se debería defender que las políticas de estímulo a la formación tengan un peso como mínimo igual al de las políticas de empleo.

En síntesis, podríamos decir que el hecho de tener una gran parte de la población desocupada debería permitir poner en marcha una batería de políticas de estímulo a la formación más potentes que las actuales, que tengan en cuenta el cambio tecnológico y organizativo que se prevé, y permitan, por un lado, tener una población mejor cualificada y, por otro, un sector productivo con mayor valor añadido en conocimiento.

Esta situación requiere de dos elementos más para poder resultar efectivos:

  1. La incorporación en las enseñanzas de Formación Profesional (y también en las obligatorias de la ESO o las post obligatorias del Bachillerato) de aquellas competencias de carácter transversal que van a ser requeridas en la nueva organización del trabajo y en los procesos de cambio tecnológico que se van a producir.
  2. El estímulo a la continuación de estudios mediante una política de becas que permita compensar el coste de oportunidad para aquellos jóvenes en situaciones económicamente deprimidas que se vean en el dilema de tener que elegir entre ocupar un puesto de trabajo poco cualificado o continuar sus estudios. Una beca de carácter compensatorio sería una vía de estímulo para continuar sus estudios post obligatorios.

 


Francesc Colomé

Francesc Colomé

Francesc Colomé ha ejercido diversos cargos en distintas Administraciones. En el Gobierno de España ha sido: director general de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa. En la generalitat de Catalunya ha sido: secretario de Políticas Educativas, secretario de Educación y director de Planificación Educativa. En la diputación de Barcelona ha sido: director del área de educación, profesor e inspector. Ha realizado actuaciones de cooperación internacional, participado en seminarios internacionales, ejercido la docencia en diversos masters universitarios. Es autor de diversos trabajos y publicaciones sobre educación y planificación de la educación. Actualmente es vicepresidente de la ejecutiva de la Fundación Catalunya Europa desde la que colabora con Orkestra en los trabajos e investigaciones realizadas a nivel europeo sobre la aplicación y desarrollo del Índice de Progreso Social.