Déficit de tarifa, energías sostenibles e industria

Tanto en la reciente declaración final de la Misión sobre España, del Fondo Monetario Internacional, como en el Consejo de la Unión Europea de finales de mayo, se señala la importancia de solucionar el problema del déficit tarifario. En este sentido en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, se indica que España ha limitado tradicionalmente los precios finales para una serie de consumidores en el marco de un sistema de tarifas reguladas, y dado que los costes aumentan más que las tarifas, el déficit se ha incrementado significativamente en los últimos años, habiendo alcanzado un importe equivalente a más del 2% del PIB.

En los costes de suministro de la electricidad se pueden identificar tres compontes básicos: el coste de producción o de generación de la misma; los costes de acceso y los impuestos.

Los de acceso, son regulados por la Administración, e incluyen la retribución del transporte y la distribución de electricidad (actividades éstas que son propias o inherentes al suministro de electricidad), y los que podemos denominar asociados. Entre éstos se incluyen las primas del régimen especial, la compensación extra peninsular, la anualidad de déficits tarifarios anteriores y otros. Estos últimos forman parte del precio de la electricidad que pagan los consumidores en los peajes del suministro y tienen su origen en políticas energéticas, medioambientales o sociales que van más allá del suministro eléctrico.

En el año 2011, los costes totales del sistema eléctrico fueron del orden de 40.000 M€. Los de producción supusieron cerca del 40% del total, los de transporte y distribución 7000 M€ (un 17% del precio final), los asociados fueron un 24%, y los impuestos un 19%.

En el periodo 1998-2011, los costes asociados, en términos de euros por MWh, se han multiplicado por más de 5, mientras que los del transporte y distribución se han reducido un 5%.

Los incrementos de costes no repercutidos en los precios que pagan los consumidores en los peajes constituyen el déficit tarifario, que es la diferencia entre los costes regulados y los ingresos que se obtienen de la recaudación de los peajes, siendo éstos también fijados por el Gobierno. Los déficits anuales, en particular desde el año 2008, ascienden a cantidades muy importantes y se encuentran en la actualidad en niveles muy elevados -en torno a los 4.000 M€ anuales-y en los próximos años, pueden ser aún más elevados, si no se toman medidas para atajar el déficit. El déficit acumulado que asciende a unos 31.000 millones de euros, (de los cuales 7.200 están amortizados, 16.600 cedidos a terceros y 8.000 millones en el balance de las empresas eléctricas), plantea problemas que están empezando a superar el ámbito del sector eléctrico.

Al no repercutir los costes en los precios finales, éstos pivotan en gran medida, sobre los balances de las cinco empresas que fueron obligadas a financiarlos con sus recursos. Esta situación crea una sensación de preocupación, entre otros, por inversores internacionales, que manifiestan inquietud sobre la sostenibilidad económica del sector eléctrico español y que afecta a la credibilidad de la economía española en general.

No debemos ser alarmistas pero el valor en bolsa del sector eléctrico, la debilidad e incertidumbre en el conjunto del sector, la caída de demanda doméstica y la falta de expectativas claras en el mercado nacional, crean una situación que debería de atajarse con sentido de Estado. Lógicamente, dada la envergadura y complejidad del problema, éste no es fácil de resolver.

En estas consideraciones, y tal como estamos viendo en temas financieros o fiscales, el campo de juego es cada vez más europeo e internacional, y esa debilidad, no facilita los intereses de empresas españolas que deberían tener peso y fortaleza en esos ámbitos.

El cambio climático ha formado parte, de una forma vigorosa, del discurso político. En el pasado reciente, un entorno favorable, buenas condiciones económicas, y un sistema financiero que prestaba dinero y competía para financiar; contribuyó a un desarrollo excesivo de algunas tecnologías renovables, en concreto las solares, que han venido obteniendo rentabilidades elevadas para los recursos propios, derivadas en parte, del entorno financiero, y de la disminución en los costes de inversión que sirvieron para fijar las retribuciones.

Ahora es fácil afirmar, y parece obvio, que si las inversiones realizadas en esos años se hubiesen pospuesto, no se hubiese alterado la garantía y la seguridad de suministro de electricidad, y tendríamos un ahorro de miles millones de euros en el conjunto del sistema, y por tanto para los consumidores.

Si miramos al futuro, los objetivos de las renovables deberían de acometerse sin ir más allá de lo necesario y empleando las tecnologías más eficientes en costes. Esto significaría un ahorro de necesidades y recursos, teniendo en cuenta el exceso de energía (no de potencia, porque el sistema seguirá requiriendo capacidad firme para cubrir la demanda que no aportan las energías renovables), y el bajo número de horas de operación de todo el conjunto del sistema, sea en energías térmicas convencionales o en renovables que se encuentran en 2.800/2.600 horas de funcionamiento.

Un aspecto clave que debemos afrontar y resolver bien, es cómo mantener o potenciar aquellas industrias competitivas relacionadas con la energía. Por un lado, la internacionalización de estos sectores y la integración en cadenas de valor globales es una necesidad, pero también sería oportuno establecer una política industrial, tipo clúster, de carácter vertical, que promueva sectores con sólidas perspectivas de competir en el ámbito internacional, y que complemente las políticas horizontales de innovación y de I+D+i.

La acción pública podría apoyar, específicamente ciertos sectores del tejido industrial pro-competitivo, por otras vías que el lado de la demanda, como las primas. Este replanteamiento, tiene aún más sentido en un mercado doméstico con crecimientos muy modestos para los próximos años.

Hoy existe un claro consenso técnico sobre la necesidad de desarrollar las redes de eléctricas del futuro, respecto a las cuales tenemos una buena base industrial. Sin embargo, recientemente se ha realizado un recorte a la retribución de las redes de distribución, lo que muestra la urgencia y el deseo de reducir los costes del sistema. Ello debería llevarnos a examinar qué elementos de política industrial son los más adecuados, por ejemplo, para mantener o mejorar la eficiencia y la modernización tecnológica de las redes eléctricas del futuro.

Finalmente, debemos de considerar la situación económica actual, y el estancamiento de la demanda de energía eléctrica, (estamos en niveles del año 2006) que no parece que se vaya a recuperar hasta dentro de varios años. Ello equivale a decir que podemos de una forma ordenada, con análisis rigurosos y completos, revisar la planificación y definir y establecer políticas energéticas e industriales adecuadas.