5.5. Servicios públicos digitales

La quinta dimensión del DESI es la relativa a los servicios públicos digitales, que por un lado recoge la actividad del sector público, que tiene un notable peso en la actividad economía, y por otro lado está directamente relacionada con la gestión de los asuntos públicos de ciudadanos, empresas e instituciones políticas.

El enfoque desde el que se aborda esta dimensión es el del gobierno electrónico o, por mejor decir, el de la administración electrónica. Según esta perspectiva, la utilización de tecnología en los servicios públicos está orientado hacia la calidad y la eficiencia de los recursos públicos, tanto en término de gasto como de eficiencia, en relación a la reducción de tiempos o de asignación eficiente de recursos. Así mismo, contribuye a incrementar el servicio de lo público, al tiempo que contribuye a incrementar la transparencia y reducir los espacios de evasión y corrupción.

Para su cálculo tiene en cuenta 4 sub-dimensiones a las que se otorga un peso equivalente, a saber: (i) usuarios del gobierno electrónico, (ii) formularios pre-rellenados, (iii) la disponibilidad de los servicios en determinadas actividades cotidianas de manera completa y, (iv) la disponibilidad de sistemas basados en el concepto de datos abiertos. La metodología empleada para el estudio es la recogida en el eGovernment Benchmark (European Commission, 2016b).

Estonia (83,8%), Finlandia (81,5%) y Holanda (76,7%) ocupan las mejores posiciones, por encima del 75% en toda ellas. En un entorno 10 puntos porcentuales por debajo, El País Vasco alcanza la séptima posición (72,4%), compartiendo espacio con países seguidores en digitalización de la Administración, como Dinamarca (73,8%), Austria (73,1%) o España (72,5%).

En el análisis comparativo que se muestra en el Gráfico 54, se observa que en casi todos los casos, se observa que los niveles de uso de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos están por debajo de la disponibilidad, tanto de servicios digitales con formularios pre-rellenados y a pesar de que los servicios se pueden prestar de manera completa en línea. Esta diferencia se acentúa especialmente en los casos de Alemania y España.

En comparación con los países líderes –Estonia, Finlandia y Holanda- en el País Vasco, aunque la oferta de servicios es amplia, completa y cubre de buen grado las políticas de datos abiertos. Presenta, en cambio, un notable grado potencial espacio para la mejora en el empleo de los servicios públicos por los ciudadanos.

Cabe destacar que en el País Vasco se produce un desarrollo más o menos armonizado entre todos los indicadores, de manera equivalente a Finlandia u Holanda. Esto es, el nivel de digitalización de la oferta digital coherente al del grado de uso, por otro lado siempre menor. En cambio, en Estonia, España o Alemania se produce una mayor dispersión entre los cuatro indicadores.

1. Usuarios

Este indicador describe el grado de utilización de los servicios públicos digitales. Para ello analiza el número de usuarios que han enviado formularios a las autoridades públicas en el último año. Como se observa a continuación, poco más de la mitad de los ciudadanos del País Vasco (52,0%) emplean servicios públicos online, una cifra por encima de la media de la UE-28, bastante distanciado de los países donde el empleo de los servicios públicos digitales es mayoritario entre los ciudadanos. Aunque el grado de incorporación de los ciudadanos a usar internet y los medios digitales para relacionarse con las administraciones públicas y el Gobierno se distribuye de manera poco homogénea en el conjunto de los países europeos, el País Vasco presenta está en disposición de converger hacia los países líderes.

2. Formularios rellenados

La disponibilidad de servicios digitales cuyo uso sea sencillo, claro y directo facilita su uso, haciéndolo más cómodo a los ciudadanos, y por lo tanto reduciendo el tiempo y aumentando la percepción de agilidad y facilidad. A través este indicador se mide el grado en que los datos personales del ciudadano-usuario de servicios públicos online están ya completados cuando aquel quiere hacer uso del servicio.

El País Vasco, con un 71,4%, ocupa una posición relativamente avanzada, similar a la de países como Austria, Dinamarca o Suecia, aunque no llega al rango en el que se sitúan los países líderes como Malta (98,3%), Estonia (88,8%) o Finlandia (82,4%), en los cuales la simplificación de las tareas está más desarrollada.

3. Completitud de los servicios digitalizados

El indicador de completitud de servicios digitalizados pretende medir el grado en que las diversas actividades a través de las que el ciudadano se relaciona con la administración están disponibles y pueden ser llevadas a cabo completamente de forma online. De este modo se facilita su uso por parte de ciudadanos, empresas y cualquier otro actor que interactúa con la Administración.

El indicador de Online Service Completion se obtiene a partir del indicador de Online Availability del eGovernment Benchmark. A través de este benchmarking se evalúa el grado de cumplimiento del “Plan de Acción para el Gobierno Electrónico” que tiene establecido la Unión Europea. En particular señala que nuevos servicios deberían estar disponibles online, ser más amigables, con una mejor experiencia de uso y ser más transparentes. Para más detalle, se puede consultar el apartado Cálculo de los indicadores Formularios pre-cumplimentados y completitud online de servicios para el País Vasco, en el Anexo Notas metodológicas.

El grado en que un servicio público se presta de manera digital completamente está bastante desarrollado, con países como Malta (99,9%), Austria (96,6%) o Estonia (96,6%) donde se prestan en su práctica totalidad. Pese a que la posición relativa se encuentra en la mitad, una inmensa mayoría de los servicios digitales prestados por las Administraciones Públicas vascas se prestan de manera completa online (86,1%).

4. Datos abiertos

Las políticas de datos abiertos ofrece conjuntos de datos del ámbito público a disposición de ciudadanos, colectivos y empresas de modo que se pueda generar conocimiento sobre una determinada realidad gestionada por las Administraciones Públicas, y potencialmente generar oportunidades de crear valor económico.

Como se observa en el Gráfico 58, en política de datos abiertos España (91,4%), Francia (85,89%) ocupan las primeras posiciones. El País Vasco, con un 76,4% y en séptima posición, cuenta con un elevado nivel de oferta de datos abiertos, en un grupo de países que sigue de cerca a los países más avanzados en esta materia.